Ana María Stuven en El Mercurio “El desafío de pensar las cárceles”
El encuentro patrocinado por “El Mercurio”, la UDP y Sofofa permitió conocer las prioridades de los candidatos presidenciales para sus eventuales mandatos. La modernización del Estado, con mayores o menores atribuciones según cada uno, es prioritaria entre ellos. Por su parte, la ciudadanía, en aquello que muestran al menos las encuestas, exige a los candidatos que combatan la delincuencia. Le asignan incluso más importancia que a salud y educación. A pesar de que ambas demandas están vinculadas, los candidatos parecen asociar la seguridad más bien con la persecución a infractores de ley que con un problema que interpela a la modernización del Estado.
En un excelente reportaje, “El Mercurio” realizó una “radiografía de las prisiones” latinoamericanas, titulando que la situación de las cárceles recrudece la crisis de seguridad nacional. La relación entre cárcel e inseguridad no es fruto de que quienes debieran estar presos no lo estén; podría incluso ser lo contrario. Es posible que encarcelar personas, como advierte el reportaje, aumente la delincuencia y, por tanto, no resuelva la inseguridad que sienten los ciudadanos.
Si la política de recluir más personas no es solución, se esperan soluciones creativas de quienes se proponen modernizar el Estado y proteger a los ciudadanos. Porque aunque Chile no cuenta todavía con grupos de crimen organizado como otros países de la región, aún su índice de prisionización es alto: ocupa el 4º lugar por cada 100 mil habitantes. Por otra parte, alrededor del 50% de quienes recuperan la libertad reingresa al penal en el plazo de tres años; la mayoría por crímenes más graves que el inicial.
Steven Dudley, codirector de Insight Crime, recordó en el mismo artículo que las cárceles tienen tres propósitos principales: disuadir a quienes cometerían delito si pudieran, disminuir su cantidad, y ser centros de rehabilitación y reinserción. Castigar no es la motivación, aunque resulte de la aplicación de la pena. Sabemos que nuestras prisiones no están logrando cumplir estos propósitos, pero sí castigan, a veces sin mucho sentido. Es triste recordar que en la cárcel de San Miguel murieron personas recluidas por vender discos pirata.
¿Debemos por ello cerrarlas? Por cierto que no. Debemos, sí, aprender de una historia que no ha sido exitosa y abrirnos a imaginar alternativas. La mayoría de los delitos que cometen los chilenos se relacionan con hurto y droga en contextos de poblaciones vulnerables. No es menor que el 68% cometió su primer delito antes de cumplir los 18 años, que apenas el 14% completó su educación media y que alrededor del 50% estuvo en hogares de menores. Es necesario, en consecuencia, atender a las condiciones de marginación que acompañan en muchos casos a quienes delinquen, especialmente tratándose de delitos menos graves.
Las prisiones son el último eslabón de la cadena de justicia. El proceso de asignación y aplicación de penas requiere ser revisado, sin duda. Las condiciones carcelarias exigen también urgentes modificaciones, tales como segregación por delito, programas de intervención psicosocial, capacitación social y laboral. Pero también sería interesante, a corto plazo, priorizar áreas donde es mayor el costo social de la privación de libertad y, al mismo tiempo, pareciera más fácil intervenir. Es el caso de las mujeres. Ellas representan apenas el 8,45% de la población penal en Chile; es decir, si hoy existen aproximadamente 44 mil personas recluidas, apenas alrededor de 3.700 son mujeres. De ellas, alrededor del 90% son madres con tres hijos promedio; dos tercios de ellos vivían solo con su madre como jefa de hogar cuando fue detenida. La población femenina encarcelada ha aumentado en comparación con la población masculina, y puede relacionarse con diversos factores: marginación social y económica, bajo nivel educacional, antecedentes de victimización física y psicológica, recurrencia de maternidad soltera y abandono. Debe hacernos pensar.
Estas líneas no pretenden justificar a una mujer delincuente. Apenas incentivar una discusión pública, con criterio de género, y proponer que las próximas autoridades planteen alternativas creativas para impedir que las familias más vulnerables sean aún más frágiles por ausencia de la madre en el hogar; que las jefas de hogar estén cautivas de narcotraficantes que se aprovechan de sus carencias, y que la cárcel sea un destino al cual finalmente no puedan escapar. Los cerca de $600 mil por mes que cuesta una mujer presa podrán tener un mejor uso si se piensa en penas alternativas para mujeres madres, y si en prisión se les brinda el apoyo necesario para su reinserción familiar y laboral.
